El editorial de Carlos Cuesta: Nueva mentira del Gobierno con la regularización masiva de inmigrantes

Carlos Cuesta repasa en qué consiste realmente la medida del Ejecutivo para los inmigrantes ilegales, y detalla los delitos de los extranjeros. Carlos Cuesta ha dedicado el editorial a dos asuntos que comparten un mismo patrón: la manipulación política como método de gobierno. El primero, la maniobra del PSOE para desviar la responsabilidad del accidente de Adamuz hacia el 112. El segundo, la trampa legal que esconde la nueva norma de regularización masiva de inmigrantes. Cuesta ha alertado de una operación de intoxicación en curso dentro de la Asociación de Víctimas de Adamuz. "Han empezado a aparecer mensajes que casualmente repiten párrafos de los que va diciendo Óscar Puente", ha señalado, advirtiendo de que el objetivo es trasladar la culpa del descarrilamiento al servicio de emergencias autonómico, el 112, que depende del Gobierno de Juanma Moreno. Cuesta ha recordado que el propio PSOE felicitó al 112 por su rapidez en los días posteriores al accidente. El cambio de argumento no es casual: "Óscar Puente ya está intoxicando para, a través de determinadas víctimas, intentar conseguir que se culpe a las ambulancias que dependen del Partido Popular". Y ha explicado con detalle lo ocurrido: los equipos de emergencia llegaron en 15 minutos, encontraron víctimas y se desplegaron, sin saber que existía un segundo tren implicado porque nadie les había avisado. Fue una pareja de la Guardia Civil la que, al cruzarse con un pasajero desorientado que caminaba por la vía, descubrió la existencia de ese segundo convoy y activó el aviso general. "El tren descarriló porque las vías estaban mal. Que una ambulancia llegara antes o después no tiene nada que ver", ha zanjado. Y ha añadido que el PSOE utilizó la misma táctica de división con las asociaciones de víctimas del terrorismo. "Son los mismos que criticaron al juez Peinado, los mismos que nos llamaban buleros. Todo ha sido judicializado, todo ha sido certificado, todo tenía indicios penales".La trampa de la regularización Carlos Cuesta también ha desmontado el nuevo decreto de regularización de inmigrantes, que el Gobierno ha presentado como una versión corregida y blindada del anterior, tumbado por el Consejo de Estado y cuestionado por la Unión Europea. "Lo han convertido en una barbaridad camuflada", ha dicho. El periodista ha explicado primero el mecanismo del decreto original: era el propio inmigrante quien debía solicitar su certificado de antecedentes penales al país que él mismo declarase como origen, en un plazo de un mes. Si no lo conseguía, la administración española disponía de otro mes para intentarlo. Si tampoco lo lograba, bastaba con que el inmigrante firmase una declaración responsable afirmando que no tenía antecedentes. "Cogía un boli, cogía un folio y escribía que no tenía antecedentes penales. Firma", ha resumido Cuesta. La nueva norma mantiene el primer mes a cargo del inmigrante y amplía a tres meses el plazo del Estado. Pero la gestión de esos tres meses se encomienda, según ha denunciado, a los cuerpos diplomáticos y a dos empresas: Traxa, matriz de Traxatec, y Correos. "Ninguna de las dos tiene experiencia en trámites policiales, en cuestiones fronterizas ni en antecedentes penales", ha señalado. Si tras todo el procedimiento no se logran certificar antecedentes penales, el inmigrante obtiene de facto una prueba administrativa de que no se ha podido demostrar que sea un delincuente. "Y si no se puede certificar que sea un delincuente, no es expulsable de España", ha explicado Cuesta. El resultado, ha concluido, es que la norma no ofrece dos salidas posibles sino una sola: "O te entrega la regularización, o te genera un carnet que impide ser expulsado".Los datos que nadie quiere ver Según los datos oficiales del Ministerio de Interior y del Ministerio de Igualdad, analizados, los extranjeros representan el 12% de la población española pero suponen el 31% de la población reclusa y cometen el 33% de los homicidios. En violencia de género, los condenados en firme por asesinato entre hombres de procedencia africana alcanzan una tasa de 13 por cada millón de hombres entre 20 y 75 años, frente a 3,3 entre los españoles. En violaciones con penetración, las provincias con mayor concentración de inmigración de países con menor protección de los derechos de la mujer duplican o triplican la media nacional de 89 casos por millón de habitantes. "Son estadísticas sacadas del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Interior. Datos oficiales", ha subrayado Cuesta. Por último, ha explicado que frente a esa realidad el Gobierno ha optado por un sistema que no protege a los ciudadanos sino que "fabrica certificados de imposibilidad de expulsión".